Los desafíos del envejecimiento en México, el mayor fenómeno sociodemográfico del siglo XXI

 

• Plantea una problemática extraordinariamente compleja en materia de todas las políticas públicas del Estado Mexicano, empezando por garantizar la salud, bienestar y cuidado de, hasta ahora, más de 18 millones de personas de más de 60 años
• Implica una nueva legislación de Reconocimiento de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México

 

 

José Luis Camacho López*.- México enfrenta uno de sus mayores desafíos sociales en el siglo XXI caracterizado en el fenómeno demográfico del envejecimiento de la población mexicana iniciado en la última década del siglo XX, que en el siglo XXI plantea una problemática extraordinariamente compleja en materia de todas las políticas públicas del Estado Mexicano, empezando por garantizar la salud, bienestar y cuidado de hasta ahora a más de 18 millones de personas de más de 60 años de las 32 entidades del país.

 

La presidencia de la República de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo para sexenio 2024-2030, la primera mujer en llevar la banda presidencia, plantea la oportunidad de colocar un segundo piso a una política pública de amplia dimensión social hacia la población envejecida con un carácter científico que abarque todas las políticas públicas gubernamentales de las tres instancias del gobierno y de los sectores social y privado.

 

Una política multidimensional que por un lado construya una conciencia pública en toda la población de lo que representa el envejecimiento de la población en este siglo y sus repercusiones en la vida de toda la sociedad mexicana y por la otra genere una atención científica y legislativa que reorganice todo el aparato público gubernamental que atienda las crecientes demandas de atención a la población envejecida más allá de atemperamientos coyunturales a los sectores de personas mayores más agraviados por la desigualdad social.

 

 

La primera acción para asumir la dimensión de este imparable fenómeno demográfico progresivo implica proponer una iniciativa de reforma legislativa constitucional integral con una Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y de un Sistema Integral para su atención en todo el país que abrogue la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, promulgada a principios de este siglo en 2002, completamente rebasada por la realidad de ese fenómeno demográfico.

 

Durante el gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue proponer ante el Congreso de la Ciudad de México, que conocemos como la Ley Sheinbaum, fue su iniciativa de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención en la Ciudad de México publicada el 15 de enero de 2021, ya que representa un notable y adelantado avance en la actualización del marco jurídico constitucional de los derechos humanos de las Personas Mayores en la capital del país.

 

La Ley Sheinbaum de orden público, de interés social y de observancia general en la Ciudad de México, en síntesis “tiene por objeto promover, proteger, reconocer, en condiciones de igualdad, el pleno goce y ejercicio, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

 

 

Dicha legislación de la Ciudad de México elaborada con un contenido similar a la Convención Interamericana sobre la Protección a los Derechos Humanos de las Personas Mayores del 15 de enero de 2015, puede ser la base del marco jurídico para una iniciativa de Ley de Reconocimiento de los Derechos Humanos de las Personas Mayores para las 32 entidades del país para toda la población nacional de más de 60 años.

 

El sexenio de 2024-2030 es una oportunidad para que las personas mayores, una población, en evidente franco ascenso demográfico en el país, disfrute de una legislación que tenga por objeto tal como lo dice, ya aprobada por México, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores: “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

 

En su etapa el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el 10 de enero de 2023 el Decreto aprobatorio del Gobierno mexicano para que el Estado mexicano forme parte de esa Convención. Este hecho plantea al gobierno de la Doctora Sheinbaum Pardo un extraordinario desafío para cumplir con los objetivos de dicho instrumento jurídico convencional para hacer que las “Personas Mayores” del país efectivamente ejerzan plenamente los derechos humanos como sujetos jurídicos.

 

 

Dicho instrumento convencional reúne los Principios en Favor de las Personas Mayores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1991, la Proclamación sobre Envejecimiento de 1992; la Declaración Política y el Plan de Acción de Madrid sobre Envejecimiento y otros mecanismos regionales entre los que destacan la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe de 2003; la Declaración de Brasilia de 20027; el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud de 2009; la Declaración de Compromiso de Puerto España de 2099 y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe de 2012 y la Carta de Santiago de 2022.

 

En la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, efectuada en diciembre de 2022 en Santiago de Chile, representantes de todos los países de la región, incluido México, “reafirmaron su compromiso con la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, sin ningún tipo de discriminación y violencia, y ratificaron la responsabilidad de los Estados de proveer las medidas y acciones necesarias para garantizar un envejecimiento saludable, con dignidad y derechos”.

 

En la Declaración de Santiago, firmada en esa Quinta Conferencia, se convoca a las naciones de la región a llevar a cabo “medidas eficaces contra la discriminación por edad, y a eliminar las dificultades y obstáculos que aún persisten en la región y que menoscaban la participación de las personas mayores en la vida política, social, económica y cultural y sus derechos humanos”.

 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio un paso en ese sentido con su política de bienestar social de las personas mayores al incorporar el derecho de las personas de más de 65 años a disfrutar de una pensión no contributiva con un carácter universal, sin ninguna discriminación a ningún grupo social de la población de esas edades.

 

Ese paso del gobierno del presidente López Obrador de otorgar las pensiones del bienestar a la población de más de 65 años, beneficia a personas mayores que no tiene acceso a pensiones contributivas. Pero también beneficia a quienes reciben las pensiones contributivas bajas por parte instituciones de seguridad social como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). Este hecho de política de bienestar social significa uno de los grandes avances en materia de políticas sociales públicas en nuestro país.

 

En el umbral de ampliar los derechos de las personas mayores

 

Hasta los gobiernos anteriores de la etapa neoliberal se carecía de una política social que beneficiara a las personas mayores sin discriminación alguna. Solamente existía una la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de 2002 que en forma muy limitada o inexistente no cumplía su contenido con los “derechos de las personas adultas mayores” ni con principios de autonomía, participación, equidad, atención preferente y derechos como la no discriminación, acceso a una vida libre sin violencia, una vida digna y de certeza jurídica. Con el gobierno de la Doctora Sheinbaum Pardo estamos en el umbral de abrir esa puerta más amplia de derechos para las personas mayores.

 

En este contexto de los derechos de las personas mayores, el papel jugado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha sido definitorio para promover una atención prioritaria al fenómeno demográfico del envejecimiento de la población. La CEPAL ha realizado estudios que ilustran la dimensión del proceso de envejecimiento de la población y de sus efectos en todos los campos de la vida social y gubernamental en documentos como el Envejecimiento en América y el Caribe donde describe un panorama sobre el envejecimiento y las tendencias demográficas en la región.

 

La CEPAL ha señalado que el rápido proceso de envejecimiento que experimenta la región latinoamericana y del Caribe llevará a que en 2050 las personas mayores alcancen el 25,1por ciento, alrededor de 193 millones de habitantes de la población total, es decir, habrá 2,1 veces más personas mayores que en 2022.

 

México es un país, como muchos otros del planeta, donde el envejecimiento de la población es uno de los grandes e importantes fenómenos demográficos. En una reunión efectuada en 2012 en la Ciudad de México entre el gobierno del entonces Distrito Federal y la CEPAL: Los Derechos de las Personas Mayores en el Siglo XXI: situación, experiencias y desafíos, ya se advertía que el siglo XXI para México “será el de la población mayor” y “de la urgencia de cubrir necesidades básicas de las personas de más de 60 años con la institucionalización de políticas públicas y mecanismos de exigibilidad de sus derechos humanos”.

 

 

México se encuentra entre los países latinoamericanos con una de las más altas concentraciones de personas de más de 60 años. La elección presidencial de la Doctora Sheinbaum Pardo como la persona idónea para dirigir los destino de la nación, es una valiosa oportunidad de continuar con la política pública del presidente López Obrador,  con una visión prospectiva de alcances previsores en todos los aspectos vinculados a los derechos humanos de las Personas Mayores de una forma integral, la cual avizore la dimensión demográfica de ese proceso de envejecimiento que entre los años de 2020 pasó de los 15 millones cien mil personas, 12 por ciento de la población, a más 18 millones 600 mil en 2024, que representan alrededor del 15 por ciento de la población nacional.

 

La Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención impulsada por la Doctora Sheinbaum Pardo, es el ejemplo para que se legisle una Ley similar para todo el país y todos los organismos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, así como los gobiernos de las 32 entidades, estén obligados a respetar y aplicar los contenidos de este instrumento de protección a derechos humanos de uno de los grupos de población más vulnerables del país, como son las personas mayores de 60 años.

 

Los datos demográficos mexicanos señalan la urgente necesidad jurídica de plantear una nueva reforma legislativa constitucional y una nueva Ley de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en virtud de la relevancia del proceso de envejecimiento de la población de 60 años y más y sus múltiples repercusiones de todo tipo en su salud, seguridad y protección social y jurídica, así como en sus necesidades de alimentación, vivienda, empleo, movilidad, “con un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad”, como destaca la Ley Sheinbaum.

 

*Periodista y editor de Diario T E, la revista mexicana de los derechos humanos de las personas mayores.